El titulo de esta entrada es de un artículo publicado en la revista "La Nación", órgano de difusión del Partido Acción Nacional, por Don Efraín González Luna en el número 821 de julio 7 de 1957. Lo comparto por su actualidad. Tengan en cuenta estos elementos, es un escrito preconciliar, Don Efraín se adelantó o tal vez fue precursor de algunos cambios introducidos en la Doctrina Social de la Iglesia en el Concilio Vaticano Segundo (1962-1965), laico comprometido y defensor incansable de la dignidad humana. A la fecha del artículo no existía el INE, el gobierno organizaba las elecciones y las decidía, el narcotráfico no era un problema del tamaño de hoy, eran los caciques locales amparados en el poder los que abusaban de la población, el estatuto jurídico de la Iglesia la mantenía en la ilegalidad, la población era predominantemente rural y los tratados internacionales en materia de derechos humanos carecían de la vigencia que les otorgó la reforma constitucional de 2011, seguramente paso por alto otros cambios, pero considero que estos son los más importantes. aquí les dejo el texto íntegro.
PRESENCIA Y GRAVEDAD DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
QUIEN HONRADA y objetivamente analice el nutrido repertorio de nuestros viejos problemas nacionales, tiene que llegar a la conclusión de que no sólo subsisten, sino que siguen un fatal proceso de agravación, cuyo término natural es algo que se describe con una sola palabra altisonante y dramática, pero exacta: la catástrofe.
¿Hemos avanzado, aunque no sea más que un paso, en la estructuración institucional del Estado? Este es un vital problema de integración orgánica del que depende el orden social todo. Nadie puede negar que la estrangulación y la falsificación de las instituciones son cada vez más radicales. El perfeccionamiento técnico de la farsa corresponde a la mayor injuria de los bienes atacados.
Piénsese, por ejemplo, en el sistema de falsificación electoral en vigor, con el partido oficial, agencia administrativa de imposición, como pivote del monopolio faccioso; en el centralismo desenfrenado, negación del régimen federal; en el absolutismo político de la Presidencia de la República; en la Constitución desnaturalizada con superfetaciones inaplicables, tercamente sostenidas contra el derecho y la voluntad del pueblo, mientras que para fines partidarios o insignificantes se la remienda sin ton ni son; en la Ley Fundamental incesantemente violada o despreciada por el Estado, como no sea en conmemoraciones retóricas, y esgrimida contra el pueblo como si no debiera ser su mejor defensa, el título sagrado de su alianza con la libertad.
OTRO PROBLEMA capital es el del respeto de los derechos humanos esenciales. El Estado mexicano los acata en instrumentos diplomáticos inoperantes; pero los mantiene dentro de nuestras fronteras en condición increíblemente absurda. Proscripciones legales que constituyen supervivencias bochornosas de despotismo y de barbarie son celosamente postuladas por el régimen como la médula de nuestro sistema constitucional, como la clave de nuestra organización política y jurídica; pero el Estado mismo se abstiene de aplicarlas, porque sabe que son atentatorias y que la nación las rechaza.
Las conserva, sin embargo, en vigor, para su utilización degradante como amenaza contra el pueblo, como barricada del monopolio político faccioso. A cambio de sumisión, no se aplica la mala ley. Difícilmente puede inventarse una fórmula más certera para envenenar las fuentes mismas de la vida nacional y de la dignidad humana. No es extraño, por tanto, que las agresiones de la autoridad contra las prerrogativas personales se multipliquen y arraiguen, hasta convertirse en calamidad endémica.
Matanzas como las de León y Tapachula no sólo quedan impunes, sino que ni siquiera impiden ascensos y granjerías. Se repiten, por tanto, con alarmante monotonía, aunque con variaciones cuantitativas. La tortura es rutina policíaca. Los grandes y los pequeños caciques matan, encarcelan y despojan a discreción. Derechos tan fundamentales como los de educación, de culto, de asociación y propiedad para fines religiosos, a lo más que pueden aspirar es a la tolerancia injuriosa, al disimulo calculado, humillante y corruptor. La representación política de los ciudadanos, indispensable para todo régimen de derecho, para toda verdadera democracia, es un mito. La denegación de justicia al pobre y, en general, al débil, es una de nuestras peores "constantes". La explotación y servidumbre políticas de campesinos y obreros y la desnaturalización de sus asociaciones gremiales, con el consecuente abandono de sus reivindicaciones legítimas y la frustración culpable de la reforma social para la justicia social, son también piezas imprescindibles del aparato de falsedad y opresión en que se sustenta el gobierno faccioso.
Al mismo desamparo y ofensa de la integridad personal, del honor de las familias, de la dignidad humana, concurre la impunidad de criminales sueltos y de bandas organizadas, siempre a la sombra de mandarines, cuyos cacicazgos contribuyen a sostener y extender por el más perverso de los medios de dominación: el miedo. En gran número de pueblos y comunidades la vida de los hombres de bien se ahoga en un ambiente de ignominia. Las formas más brutales del mal ejercen un imperio prácticamente indisputado. Una redención elemental, una instauración de condiciones humanas mínimas en la comunidad, tiene que ocupar puesto preeminente en todo programa honrado de rehabilitación nacional.
ES EN el campo económico donde la propaganda oficial levanta sus más copiosas cosechas. Según ella, el progreso es desenfrenado, el nivel de vida y la capacidad de consumo se elevan firmemente, nos encaminamos con pasos de gigante a la autosuficiencia, la firmeza de nuestra moneda es inconmovible y, en suma, podemos esperar tranquilamente el porvenir, que nos prepara más producción, más potencia dinámica y más bienestar. No escasean prósperos empresarios que comparten esta visión reconfortante y estas alegres profecías. Sus negocios rinden dividendos a veces exorbitantes, sus fortunas personales se hinchan a ojos vistas, su vida de placer y despilfarro no tiene sombras, las oportunidades de seguridad y de expansión parecen ilimitadas, con tal que se sepa nadar con la corriente. Se llega, incluso, a hablar en serio de armonía perfecta entre el capital y el trabajo, inexplicable si no estuvieran satisfechos los requerimientos de los obreros.
Pero la realidad que esta decoración paradisíaca intenta ocultar es muy otra. La inmensa mayoría de la población de México, que crece rápidamente, sigue viviendo en condiciones desgarradoramente miserables, lo que explica la incontenible emigración de nuestra fuerza de trabajo; los satisfactores más elementales son insuficientes y a menudo inaccesibles por efecto de una política proteccionista equivocada o torcida; la industrialización, plausible en sí misma, está asentada sobre andamiajes artificiales, por falta de un robusto mercado interior que no puede existir mientras no se logre la rehabilitación del campo y con ella el incremento del poder de compra de las dos terceras partes de los mexicanos; la moneda, al mismo tiempo insuficiente y sujeta a un proceso inflacionario —anémica y congestionada—, sigue siendo débil y el alza de los precios no ha podido ser frenada; las comunicaciones y los transportes no superan su habitual desastre; el Estado no abandona su determinación de erigirse en negociante, patrón y competidor, y simultáneamente otorga privilegios y favores indebidos a empresarios particulares, con la incoherencia típica de quien carece de doctrina, criterio y programa definidos.
LA PROLIFERACIÓN de los monopolios es notoria, a veces estatales, a veces privados, siempre con fundamento en la legislación que los prohibe; algunos de poca entidad, otros, en cambio, como el que va integrándose firmemente por la Comisión Federal de Electricidad, de tremenda importancia, para eventuales medidas de nacionalización más o menos generalizada.
A pesar de que centros agrícolas ejemplares están evidenciando la aptitud del cultivador mexicano y señalando el camino por donde se va a la economía bien cimentada y a la elevación de las clases rurales, el campo sigue abandonado a la esterilizante regi-mentación del monopolio político, responsable de la servidumbre, la miseria y el atraso de la inmensa mayoría de los mexicanos.
Este breve comentario objetivo de solamente unos cuantos problemas nacionales conduce a la conclusión de que el Estado mexicano requiere urgentemente estadistas aptos y entregados al servicio de la nación para la real solución de sus problemas. Los paños calientes y el blanqueo de fachadas de nada sirven.
Pero la energía pujante, capaz de grandes realizaciones, sólo puede darse cuando el pueblo elige y sostiene a sus representantes.
La Nación
(No. 821, julio 7, 1957).
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