“UBER SE QUEDA” ¡EL JUICIO IMPROVISADO!

Por Carlos León

La forma más simple de apreciar el conflicto entre UBER y el servicio público de transporte, es enfocarse en la calidad y precio del servicio, llamemos a éste, el enfoque del mercado: aparece un nuevo jugador que ofrece unidades nuevas, condiciones de seguridad y facilidades tecnológicas, además de un mejor precio, el razonamiento desde el enaltecimiento del mercado es: ¡Que se quede! No concibo un juicio más improvisado y superficial. 

Hay otro punto de vista posible, concerniente al gobierno y no a un árbitro comercial: el de la justicia. Para esto es necesario un poco de antecedentes. El transporte público, de vehículo de alquiler, como se le conoce legalmente al taxi, tuvo en nuestras leyes una finalidad económica y social, como una forma de autoempleo impulsada por el gobierno, que ponía en manos del particular un servicio público, por eso la ley anterior (artículos 80 y 85) limitaba a un sólo permiso por persona y lo declaraba “Patrimonio Familiar del Beneficiario”, la ley vigente en su séptimo transitorio preservó ese beneficio para los permisos otorgados durante la vigencia de la ley anterior.

Como tantas cosas en nuestro país, la vocación formal de la ley se estrella con la realidad política caracterizada por el abuso. En vez de servir predominantemente para la distribución de la riqueza y la movilidad económica y social, el transporte público, igual que el ejido y las plazas de maestro, fue utilizado para el control político del gremio y el enriquecimiento de los allegados al poder ¡Viva México!

En el apogeo del PRI, los permisos se otorgaban a los líderes sindicales, vasallos del poder político, estos las usufructuaban de tres formas: renta de permiso, renta de permiso con automóvil, y transferencia del permiso, por supuesto que mediante un precio altísimo; a cambio, los líderes organizaban a los agremiados para lo mismo que los líderes campesinos organizaban a los ejidatarios, para votar y para llenar de acarreados los mítines del PRI, en este país, los líderes jamás organizaron a los agremiados para ser más competitivos, ya fuera en el servicio de transporte o en el trabajo de la tierra.

Con respecto al requisito legal de “un solo permiso de taxi por persona”, este se satisfacía poniendo los permisos a nombre de la esposa, de los hermanos, de los cuñados y de los hijos del líder sindical; con la llegada del PAN, algunas agrupaciones lograron permisos al margen de los gremios tradicionales, pero los permisos también fueron usados con fines meramente políticos, de dos formas: al principio como instrumento de negociación política, otorgando permisos a los gremios afines a algún diputado, a cambio de su voto en la legislatura, y más recientemente, como una muestra de lo espléndido que eran algunos alcaldes con los integrantes de su equipo, que al finalizar el trienio, incrementaban el número de taxis, mediante permisos otorgados a los funcionarios cercanos, quienes los vendían de inmediato, “juntando los documentos” del que se animaba a comprar un permiso, o bien, poniéndolos a nombre de familiares cercanos, en el PAN también hay transportistas que nunca manejaron un taxi.

Ahora, a consecuencia del conflicto que ha desatado UBER, los tijuanense sacamos el coraje que le tenemos al gremio de transportistas, porque tenemos un servicio caro, deficiente y peligroso, pero los responsables de este malestar son dos actores, el gobierno y los líderes acaparadores de permisos; cómo esperar un servicio de calidad, cuando el chofer tiene que pagar la renta del automóvil, la renta del permiso, reservar para gasolina y para reparaciones menores; cómo esperar un servicio de calidad, si el chofer tiene que enfrentarse a una sobre oferta, desatada por la ambición de políticos sin escrúpulos, que sin estudio de la demanda, aumentan el parque de taxis para ganarse unos miles de dólares.

Cómo esperar un servicio de calidad, si la autoridad no gobierna, por incapaz y por corrupta. No olvidemos que el poder público tiene dos tareas fundamentales, la Administración Pública y el Gobierno: la primera se satisface brindando los servicios públicos, la segunda sometiendo la actividad de los particulares al mandato de la ley; decir que la autoridad no gobierna es el predicado inmediato de cualquier autoridad en México, aquí los grupos delictivos, los grupos económicos, los sindicatos más poderosos, hacen lo que quieren y la autoridad no sabe cómo pararlos, no quiere, no puede, o le conviene porque está dentro del negocio.

Si la llegada de UBER tuviera sólo dos efectos: anular el poder de los gremios transportistas que tienen secuestrada la movilidad, así como garantizar un servicio de calidad, probablemente sería benéfica; pero en lo profundo, sigue habiendo un problema de justicia. Los choferes, miles de choferes, no tienen para comprar un vehículo competitivo frente a UBER, por eso son choferes; la concentración de riqueza a favor de los líderes gremiales, sólo pasará a otro estrato social privilegiado, el que puede invertir en automóviles del año, porque UBER tiene socios propietarios de vehículos y “socios” choferes, además, una parte de la renta que genera el servicio de transporte pasará a manos de un gigante corporativo.

Esto se parece mucho a Oxxo que acabó con los abarrotes y ahora puede imponer condiciones a los mismos productores que tienen que comerciar a través de un distribuidor dominante, con la diferencia de que Oxxo, al menos, es de capital nacional y no otra trasnacional desplazando a los proveedores de servicios locales; aunque la siguiente afirmación tenga un dejo comunista, el asunto de UBER es también un asunto de soberanía, la soberanía, que es un elemento estatal, casi diluido en el mar de las grandes trasnacionales que pueden doblar a cualquier Estado, o poner a competir a varios Estados, a ver cuál abarata más la mano de obra y los recursos naturales, para elegirlo como el destino de un gran negocio, que deje grandes ganancias a los inversionistas y sueldos de miseria a los trabajadores.

No es el caso prejuzgar a UBER y sus prácticas de cabildeo o gestión, pero decir que puede haber más interés personal de los funcionarios municipales que lealtad al cargo, no sería prejuzgar a nuestra clase política, sino una suspicacia natural y justificada, en un país donde el poder económico y el poder político gozan de facto de un orden jurídico diferente del ciudadano común, ubicándose por encima de la ley y anteponiendo sus intereses personales a los del bien común.

Decía al principio que de fondo hay un principio de justicia, y es que a lo largo de los años, muchos choferes, a base de disciplina y buen servicio, ahorraron para comprarse un permiso y un carro, algunos ya están retirados y tienen por todo patrimonio su “juego de placas”, para la mayoría, es lo único que heredarán a la viuda o a los hijos, porque a eso se contrae la totalidad de su patrimonio y actualmente hay muchas viudas que tiene por único ingreso el permiso que les dejó “su viejo”.

Es muy fácil saber cuando el servicio de taxi te lo presta un permisionario: cómo es dueño del permiso y del carro y para obtenerlos tuvo que esforzarse, cuando te subes a su taxi, este huele bien, está limpio, el chofer está aseado, te saluda, no te saca plática si no quieres hablar, te abre la puerta para subir y para bajar, carga tus maletas y termina por ganarse una propina, así es como juntó para su permiso, con un buen servicio, esto lo sé, por la misma razón que conozco un poco la realidad de los transportistas, porque mi Padre hizo su patrimonio y nos dio comida y educación, manejando un taxi.

UBER, con el conocimiento mayor del mercado, una infinita capacidad económica para promover su servicios y con la tendencia tecnológica a su favor, si la autoridad se lo permite, será en poco tiempo otro agente dominante, otro Telnor, Telcel, Telmex, Televisa, Oxxo, y nuestros choferes, los malos pero también los buenos, los que retirados viven de la renta del taxi en el que dejaron la vida y la salud, o sus viudas, engrosarán la estadística de los excluidos del desarrollo.

La autoridad tiene otros deberes, uno es histórico y con la justicia, cancelar los permisos de los líderes acaparadores, reducir el parque de taxis o dosificar su crecimiento para equilibrar el servicio con la rentabilidad y sacar de circulación los taxis piratas; y tiene también el deber moral de liberar políticamente al gremio de choferes.

Los choferes pueden mejorar su servicio e incorporar adelantos tecnológicos, pero no bajo condiciones de mercado impuestas por gobiernos irresponsables. La administración Pública podría fondear el desarrollo de aplicaciones y la adquisición de equipo, pero primero tendría que hacer justicia, o sea, gobernar. Una sociedad como la nuestra, víctima de un orden político y económico internacional, que favorece la concentración de la riqueza y excluye de toda posibilidad de desarrollo a millones de personas, víctima de un orden político interno, corrupto y displicente, no debería aceptar como premisa de partida, la lógica del mercado, los asuntos públicos pueden pensarse tan superficialmente.